La economía de las familias peruanas se ha visto afectada por la crisis pandémica, poniendo en riesgo la seguridad alimentaria y nutricional de miles de personas en situación vulnerable.
En diciembre de 2021 se lanzó el Índice Global del Hambre (IGH), herramienta diseñada como un medidor de los niveles de hambre en el Perú. Dicho informe reveló que en 2020 se registró a nivel nacional un IGH de 17 puntos, siendo el índice más alto de los últimos 7 años, desde el estado crítico de 16.7 registrado en 2014.
No es ninguna coincidencia que los niveles más altos de hambre en los años recientes se hayan dado en el primer año de pandemia. Las restricciones económicas, laborales y de tránsito paralizaron el desarrollo de la actividad económica en el país, evitando que millones de familias puedan generar los ingresos diarios de los cuales dependen.
¿Cómo está la situación a nivel departamental?
Lambayeque, Ica, San Martín y Tacna fueron los departamentos con el nivel más bajo de índice de hambre, caso contrario presentado por Apurímac, Huancavelica, Ucayali, Loreto, Huánuco, Ayacucho y Cusco, territorios de la sierra y selva que se encuentran en una escala “grave”.
Sorprendentemente, las áreas urbanas son las que han presentado un mayor retroceso en materias alimentarias. Lima Metropolitana y otras ciudades de la costa pasaron de un índice de 14.3 puntos en 2019 a 16 puntos en 2020, representando un retroceso de 12 años en niveles de alimentación. Para ponerlo en perspectiva, en 2008, territorios de la sierra y selva registraron un puntaje mayor a 20 puntos (nivel grave), en 2020, a pesar de la pandemia, el puntaje de ambas regiones no supera los 20 puntos. Mientras que las áreas urbanas pasaron de 11.2 puntos en 2008 a 16.5 en 2020.
La situación empeora
A pesar de que en pleno 2022 las actividades económicas se han reactivado en casi toda su totalidad, la reciente inflación está llevando al Perú a una crisis alimentaria con un futuro desesperanzador. Los estragos de la pandemia, la guerra de Rusia contra Ucrania y la inestabilidad política del país, han propiciado que en el último año el costo de alimentos haya aumentado un 13% y con proyección a aumentar hasta un 22% durante el resto del año.
Toda esta situación afecta, especialmente, a las regiones con mayor índice de hambre, zonas que requieren la acción del gobierno y el apoyo solidario de quienes estén en la capacidad de colaborar con la causa.